Algunos de los puntos más relevantes de la ley son:
- Control gubernamental absoluto
de la Universidad: Supondrá la pérdida efectiva de la “autonomía universitaria”
al quedar supeditada la contratación de profesorado e investigadores a los
criterios de las Comunidades Autónomas.
- Presencia de empresas privadas
en la propia formación
- Exclusión de las clases
medias-bajas y trabajadoras debido a la insoportable subida de las tasas de
matrícula (especialmente sangrantes en el caso de las segundas y consecutivas
matrículas, que son utilizadas con mayor frecuencia por los estudiantes que
compatibilizan estudio y trabajo)
- Reducción presupuestaria.
- Despidos y disminución radical
de nuevos investigadores e investigadoras en la Facultad. Esta medida afectará
muy fuertemente a las perspectivas vitales de todas y todos los investigadores
jóvenes, que se verán prácticamente abocados a buscar grupos de investigación
en el extranjero.
Algunas de las medidas de presión podrían ser:
- No aplicar en el curso 2012-2013 los
criterios sobre ordenación de la docencia que se siguen en el Real Decreto-ley.
- No proceder al cierre de actas tras
los procedimientos de evaluación de mayo-julio, con excepciones como las de
aquellos que concluyan su carrera.
- No suspender en exámenes de
convocatoria extraordinaria, para evitar la injusta penalización económica a la
que serán sometidos los alumnos.
- No cerrar actas tras la corrección de
los exámenes de selectividad.
- El alumnado se matriculará de las mínimas asignaturas
posibles, y todas en primera convocatoria.
- El profesorado permitirá que las y los estudiantes asistan a sus
clases, hagan las prácticas e incluso sean evaluados sin haberse matriculado
(algo parecido a lo que siempre se ha considerado asistir de oyentes).
- Una vez comprobado que el o la estudiante tiene los
conocimientos necesarios, se matriculará formalmente de la asignatura y
obtendrá su aprobado en primera matrícula.
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